En el marco del Día de la Convivencia Escolar, nuestra directora, Verónica López, y el coordinador general de PACES, Héctor Opazo, comparten su visión sobre cómo la educación y la formación son pilares clave en el abordaje de la violencia en las escuelas en una columna de opinión publicada en El Mercurio de Valparaíso.
DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN Y LA ACCIÓN
El Día de la Convivencia Escolar surgió como un recordatorio de la importancia de fomentar la inclusión, participación y justicia en nuestras comunidades educativas. La violencia escolar, la ausencia de estudiantes y el aumento de licencias médicas evidencian la urgencia de tomar medidas administrativas y pedagógicas que aborden estos desafíos de manera integral.
En medio de un contexto marcado por episodios de violencia que llegan a la esfera pública, con lamentables casos de vulneración de derechos y tragedias humanas, es esperable que surja el clamor por leyes más severas y castigos más duros. Sin embargo, ¿dónde queda la formación y la educación en todo esto? Recordemos las sabias palabras de un presidente docente: «Gobernar es Educar».
Es cierto que la injusticia nos indigna frente a estos actos, pero ceder ante la tentación de promover leyes punitivas solo nos sumirá en un ciclo interminable de violencia. La violencia no se erradica con castigos, sino con una disciplina que eduque, que forme ciudadanos y fomente la civilidad.
Es momento de recordar que la solución no radica únicamente en sancionar, sino en cultivar la democracia desde las aulas, en promover el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. La construcción de una convivencia escolar democrática, inclusiva y que avanza hacia una paz duradera requiere de un compromiso colectivo del país.
Los resultados de una investigación FONDECYT de cuatro años liderada por Verónica López, muestran que un alto nivel de aplicación las medidas disciplinares punitivas llenar los libros de clases de anotaciones negativas para justificar un alto número de suspensiones, condicionalidades de matrícula, no renovaciones de matrícula y aplicación de Ley Aula Segura- no producen el aprendizaje de convivencia democrática pues no generan diálogo ni reparación; suelen no ser aplicadas de manera imparcial pues quienes más las reciben son estudiantes varones, más pobres que sus otros compañeros, repitentes de curso y que tienen déficit atencional; y afectan negativamente las trayectorias educativas no solo de esos estudiantes, sino del establecimiento educativo en su conjunto: peor rendimiento académico y menor probabilidad de ingreso a educación superior.
Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando pedimos detectores de metal, cuando acudimos a Aula Segura como respuesta inmediata? Estamos afectando las condiciones y posibilidades para una convivencia que nos enseñe a vivir en sociedad. Es hora de reflexionar y actuar con sensibilidad, evitando caer en la trampa de respuestas simplistas y punitivas. La educación es el camino hacia una sociedad más justa y pacífica, y es nuestra tarea como educadores y ciudadanos promoverla con convicción y compromiso.
